|
|
Tema 11º: La responsabilidad de la Administración: Presupuestos. Daños resarcibles. La relación de causalidad. Procedimiento. Responsabilidad de las autoridades y demás personal al servicio de las Administraciones públicas.
Presupuestos.
La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas se encuentra regulada en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en donde se dispone que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
De lo dicho se hace preciso detenerse en los siguientes caracteres:
a) Servicio público: Debe entenderse como sinónimo de actividad administrativa llevada a cabo por autoridades, funcionarios, empleados o contratados por la Administración. b) Funcionamiento anormal: Supone que el servicio público no ha funcionado, ha funcionado defectuosamente o lo ha hecho con retraso. c) Funcionamiento normal: A diferencia de lo anterior, supone que el servicio público ha funcionado correctamente pero aun así se han producido daños originados por el mero riesgo de la presencia de la Administración, de la actuación de un servicio o utilización de un bien público, salvando únicamente los casos de fuerza mayor. d) Fuerza mayor: Si el daño se produce por fuerza mayor la Administración no está obligada a indemnizar. La fuerza mayor es una fuerza extraña a la organización administrativa, normalmente imprevisible para la conducta racional y previsora de cualquier persona y absolutamente irresistible.
Daños resarcibles.
Para que nazca la obligación de indemnizar por parte de la Administración a los particulares, los daños han de reunir los siguientes requisitos:
a) El daño tiene que ser antijurídico, esto es, tiene que tratarse de un daño que el particular no tenga el deber jurídico de soportar discriminadamente dentro del colectivo a que alcanza la gestión administrativa. b) El daño tiene que ser efectivo, es decir, para ser resarcible el daño ha de consistir en un daño real y no en meras especulaciones sobre perjuicios o pérdidas contingentes o dudosas. c) El daño debe ser evaluable económicamente, lo que no resulta difícil cuando se trata de bienes y derechos materiales. d) El daño tiene que ser individualizado en relación con una persona o grupo de personas. Es decir, se tiene que saber quién o quiénes son las personas que han sufrido el daño. Se excluye así el resarcimiento de daños derivados de medidas generales. El daño ha de concretarse en el patrimonio del afectado.
La relación de causalidad.
Todo sistema de responsabilidad supone la acción u omisión de una persona, un resultado dañoso y una relación de causalidad entre uno y otro. Este nexo causal lo expresa la Ley cuando dice que la lesión ha de ser “consecuencia” del funcionamiento normal o anormal del servicio público.
La relación de causalidad se excluye cuando aparece la fuerza mayor, es decir, hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos.
Extensión de la reparación.
Son indemnizables todas las lesiones que los particulares sufran en sus bienes y derechos, lo que apunta a una reparación integral de los daños, de forma que su víctima o perjudicado resulten indemnes.
El cálculo de la cuantía de la indemnización se hará con referencia al día en que la lesión efectivamente se haya producido, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de precios al consumo fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago.
En cuanto a la forma de pago de la indemnización, la Ley admite el pago en dinero y el pago en especie.
Procedimiento.
El procedimiento general para exigir responsabilidad patrimonial de la Administración, se inicia por medio de una reclamación y también de oficio por la propia Administración.
La reclamación debe formularse en el plazo de un año. El día inicial del cómputo es aquel en que se ha producido el hecho o acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
Transcurridos seis meses sin resolución expresa, se entenderá desestimada la reclamación por silencio administrativo.
Responsabilidad de las autoridades y demás personal al servicio de las Administraciones públicas.
Para hacer efectiva la responsabilidad estudiada en este Tema, los particulares exigirán directamente a la Administración pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.
La Administración correspondiente, cuando hubiera indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo o culpa grave, ponderándose, entre otros, los siguientes criterios:
a) El resultado dañoso producido. b) La existencia o no de intencionalidad. c) La responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso
La Administración también exigirá responsabilidad de las autoridades y personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo o culpa grave.
Tema 12º: La función pública local: Clases de personal al servicio de los Ayuntamientos. Clases de funcionarios. Situaciones administrativas. Grupos de clasificación. Régimen de retribuciones. Responsabilidad de los funcionarios.
Clases de personal al servicio de los Ayuntamientos.
De acuerdo con la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, el personal al servicio de los Ayuntamiento puede ser de tres clases:
a) Personal funcionario de carrera: Son funcionarios de carrera de la Administración Local los que, en virtud de nombramiento legal, desempeñen servicios de carácter permanente en una Entidad local, figuren en las correspondientes plantillas y perciban sueldos o asignaciones fijas con cargo a las consignaciones de personal del Presupuesto de las Corporaciones. b) Personal laboral: Es el contratado en virtud de las normas de Derecho laboral. c) Personal eventual: Es aquel que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial. El nombramiento y cese de estos funcionarios es libre y corresponde al Alcalde correspondiente. Cesan automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten su función de confianza o asesoramiento.
Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.
Clases de funcionarios.
Son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado exclusivamente a personal sujeto al estatuto funcionarial, las que impliquen ejercicio de autoridad, las de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, las de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, las de contabilidad y tesorería y, en general, aquellas que se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función.
En ese sentido, cabe indicar que existen dos clases de funcionarios:
a) Funcionarios con habilitación de carácter nacional. b) Funcionarios sin habilitación de carácter nacional.
A) Funcionarios con habilitación de carácter nacional:
Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios con habilitación de carácter nacional:
a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. b) La de Intervención, comprensiva del control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria y de la contabilidad. c) La Depositaría que incluye el manejo de fondos y valores, y la recaudación.
Se trata, respectivamente, de los secretarios, de los interventores y de los depositarios.
La selección, formación y habilitación de estos funcionarios corresponde al Instituto Nacional de Administración Pública del Ministerio de Administraciones Públicas. Quienes hayan obtenido la habilitación ingresarán en la función pública local y estarán legitimados para participar en los concursos de méritos convocados por la provisión de las plazas o puestos de trabajo reservados a estos funcionarios en las plantillas de cada entidad local.
B) Funcionarios sin habilitación de carácter nacional:
Los demás funcionarios de los Ayuntamientos se integrarán de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, en dos Escalas, a saber:
a) Escala de Administración General: Corresponde a los funcionarios de la Escala de Administración General el desempeño de funciones comunes al ejercicio de la actividad administrativa. b) Escala de Administración Especial: Tendrán la consideración de funcionarios de Administración Especial los que tengan atribuido el desempeño de las funciones que constituyen el objeto peculiar de una carrera, profesión, arte u oficio.
La Escala de Administración General se divide en las Subescalas siguientes:
a) Técnica: Pertenecerán a la Subescala Técnica de Administración General, los funcionarios que realicen tareas de gestión, estudio y propuesta de carácter administrativo de nivel superior. Se exige estar en posesión de título de Licenciado. b) De Gestión: Pertenecerán a la Subescala de Gestión de Administración General los funcionarios que realicen tareas de apoyo a las funciones de nivel superior. Se exige estar en posesión de título de Diplomado. c) Administrativa: Pertenecerán a la Subescala Administrativa de Administración General, los funcionarios que realicen tareas administrativas, normalmente de trámite y colaboración. Se exige estar en posesión del título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o equivalente. d) Auxiliar: Pertenecerán a la Subescala Auxiliar de Administración General, los funcionarios que realicen tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, archivo de documentos y otros similares. Se exige estar en posesión del título de Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalente. e) Subalterna: Pertenecerán a la Subescala de Subalternos de Administración General, los funcionarios que realicen tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de conserje, ujier, portero u otras análogas en edificios y servicios de la corporación. Se exige estar en posesión del Certificado de Escolaridad.
La Escala de Administración Especial se divide en las Subescalas siguientes:
a) Técnica: Pertenecerán a la Subescala Técnica de Administración Especial, los funcionarios que desarrollen tareas que son objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales. En atención al carácter y nivel del título exigido, dichos funcionarios se dividen en técnicos superiores, medios y auxiliares, y, a su vez, cada clase podrá comprender distintas ramas y especialidades.
b)
De servicios especiales: Pertenecerán a la Subescala
de Servicios Especiales, los funcionarios que desarrollen tareas que
requieran una aptitud específica, y para cuyo ejercicio no se exija,
con carácter general, la posesión de títulos académicos o
profesionales determinados.
· Policía Local y sus auxiliares. · Servicio de Extinción de Incendios. · Plazas de Cometidos Especiales. · Personal de Oficios. |
|
|
Cursos | Temarios y Test Oposiciones | Temarios oposiciones | Oposiciones on line |
|
OPOSICIONES - TEMAS OPOSICIONES - TEST OPOSICIONES - CONVOCATORIAS OPOSICIONES - OPOSICIONES LUIS BONILLA